Los principios constitucionales de eficacia y eficiencia administrativa constituyen un tema de vital importancia para el derecho público y la ciencia jurídica administrativa vigentes. En este orden de ideas, a partir de un conjunto de exigencias y transformaciones, presupuesto de la existencia misma del modelo de Estado adoptado en la Constitución Política de 1991, se requiere de toda una organización estatal preparada para velar por la óptima consecución de fines y cargas establecidos constitucionalmente. Desde esta nueva perspectiva, le corresponde a esta área del derecho y, en particular, a la disciplina científico-administrativa, es decir, aquella encargada del examen de la administración pública, bien sea desde el punto de vista descriptivo de cómo se evidencia al interior de la sociedad (ser), o desde un enfoque encaminado a argumentar lo que idealmente constituiría la correcta expresión de esa administración a nivel social (deber ser), el estudio del contenido jurídico-público de los principios constitucionales de eficacia y eficiencia para, con base en el alcance del mismo, entrar a formular sus construcciones científicas. Precisamente, el derecho administrativo no puede idearse por fuera de su relación con las normas constitucionales que le orientan, por lo que cualquier construcción científica que de esta rama del derecho se pretenda elaborar, deberá contener un mínimo referente a la materia constitucional.