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Cuando lo esencial es invisible al Estado: derechos fundamentales y megaminería

  • Año de edición 2022
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Este documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.

Este documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.
  • Formato
    Impreso
  • Estado
    Nuevo
  • Isbn
    978-628-7517-59-2
  • Peso
    0.15 kg.
  • Tamaño
    15 x 24 cm.
  • Número de páginas
    114
  • Año de edición
    2022
  • Edición
    1
  • Encuadernación
    Rústica
  • Referencia
    DJS10129
  • Código de barras
    9786287517592