La presunción de inocencia y la imparcialidad del juzgador son dos principios esenciales en el ejercicio del ius puniendi del Estado. Su trasgresión puede significar una grave afectación a los ciudadanos y las empresas cuando se les juzga por la presunta comisión de una infracción o un delito. La recepción de estos principios ha sido contundente en el ámbito del derecho penal, dado su carácter de ultima ratio. Sin embargo, en el ámbito administrativo sancionador se han producido algunas dificultades en su aplicación, usándose no pocas veces el argumento de que la naturaleza de las funciones de la Administración pública o su estructura no permiten la íntegra observancia de estos principios; o, que, finalmente, una decisión administrativa en el ámbito sancionador estará sujeta a una revisión judicial. La presente obra reafirma la necesidad de que dichos principios no sean ignorados ni vaciados de su contenido en el ámbito administrativo sancionador y que su lectura y aplicación se realice en clave constitucional y convencional, de acuerdo con los parámetros exigidos en un Estado social y democrático de derecho.