La crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. Desde que comenzó la misma, se están aplicando políticas públicas que mientras aportan astronómicas cantidades de dinero público en auxilio de la banca y para calmar a los mercados, han supuesto dolorosos recortes de los derechos sociales y laborales, especialmente para los colectivos más vulnerables. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas, incluidas las legislativas, administrativas y financieras, que permitan a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción disfrutar de ellos.