Sigue conservando la finalidad inicial, que no es otra, que contribuir con la gestión administrativa, siendo una herramienta de fácil consulta y entendimiento para las personas que de una u otra forma están relacionadas con la contratación estatal, no solo para los que dirigen la contratación, entidades adquirentes o compradoras, sino también, para las personas interesadas en contratar con el Estado, en calidad de proveedores y en general para toda la comunidad que en desarrollo de la facultad constitucional quiera realizar la vigilancia de la contratación, en busca de la moralización administrativa, el adecuado manejo de los recursos públicos, que permita el logro de los fines estatales y con ello el bienestar social.