En estos trabajos se aborda especialmente el papel de los actores sociales y el proceso o la forma en que las decisiones sobre las justificaciones, clases y medidas del castigo han sido, son —y deben ser— tomadas en una democracia. Así surge la pregunta: ¿qué papel efectivamente le ha correspondido o debería corresponder a la población general y cuál a los expertos o élites penales, a la hora de pensar y definir las políticas y juicios en materia de castigo? Surgen descripciones e interrogantes sobre la relación entre la calidad democrática de ciertos países y el esfuerzo puesto en juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras del pasado, pero también sobre las consecuencias normativas, axiológicas, que tiene para una democracia, tanto realizar como omitir estos juicios y castigos. Los trabajos sociológicos que ponen el acento, no tanto en los crímenes de Estado, sino en estudiar las transiciones hacia la democracia han tenido por consecuencia una modificación sustancial en las prácticas penales con respecto a delitos comunes, o han llevado a un escenario menos alentador al esperado donde emerge un aumento sostenido de la represión o el encarcelamiento.