La doctrina de la libertad de expresión descansa primariamente en la distinción entre restricciones previas a la difusión y responsabilidades ulteriores a la misma. Las primeras son siempre inconstitucionales o con una fuerte sospecha de ilegitimidad, mientras las segundas son preferidas y en principio admisibles. Este libro analiza si esta tradicional distinción descansa siempre sobre una diferencia substancial que la justifique, o si, por el contrario, se relativiza frente a las medidas judiciales cautelares o definitivas inhibitorias de publicar con la finalidad de tutelar derechos fundamentales o importantes bienes públicos.