En la actualidad el mundo está atravesando una de las peores crisis de la Historia como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Se ha generado una importante lista de medidas para contener la propagación del virus, entre ellas el confinamiento de los ciudadanos, la inmovilización social obligatoria, además de recomendaciones de higiene y distanciamiento de seguridad. Estas medidas han supuesto la paralización de la actividad económica, tanto del sector público como del privado, en todos los países del mundo, lo que ha generado complicaciones jurídicas, sociales y económicas, con incumplimientos, problemas y controversias que exceden la propia voluntad de las partes, ante esta situación imposible de prever con antelación. Con motivo de la pandemia el número de conflictos se ha elevado exponencialmente a todos los niveles: en las relaciones jurídicas, económicas, empresariales, políticas, sociales, familiares, vecinales, escolares y laborales. El impacto del COVID-19 hace hoy más necesario qué nunca poner a disposición de particulares, empresas y administraciones una serie de sistemas de resolución de controversias que ofrezca una alternativa rápida, efectiva, transparente e independiente a la opción que representa acudir a los tribunales de justicia. Las democracias modernas requieren nuevas vías para resolver los conflictos de forma rápida, eficaz y con un coste adecuado. En el ordenamiento jurídico español existen distintas vías de tutela para conseguirlo: la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. En la legislación de nuestro país se están dando numerosos avances para implementar estas fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos, incluso se está planteando que puedan llegar a ser obligatorias, como requisito previo y necesario, antes de acudir a los tribunales de justicia.