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Principios fiscales cannábicos: elementos para el debate regulatorio en Colombia

Dejusticia
  • Año de edición 2022
COP $ 45.000
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El debate de la regulación del cannabis para uso adulto está en la agenda pública. A nuestro juicio la mejor política que puede desarrollar el Estado con respecto de la marihuana es la regulación de su cultivo, fabricación y uso enfocada en reducir el impacto comparativo de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico; proteger la salud pública; promover el desarrollo rural en zonas priorizadas; y promover medidas de reparación financiadas a través de los recursos de la regulación. Las drogas no son el demonio, pero tampoco son juego de niños. Una política de drogas que sea respetuosa de los derechos humanos y que salvaguarde la salud pública debe ubicarse en una posición intermedia entre la liberalización total y la prohibición actual. En este documento, a partir de un análisis comparado de la regulación emitida en Uruguay, Canadá y Estados Unidos y aplicando los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, argumentamos la importancia de un marco fiscal a partir del recaudo de los impuestos en el mercado del cannabis, enfocado en la movilización del máximo de recursos disponibles para financiar los objetivos de reducción del mercado ilegal, salud pública, y atención de las poblaciones afectadas por la política de drogas, planteados de la regulación del cannabis.

El debate de la regulación del cannabis para uso adulto está en la agenda pública. A nuestro juicio la mejor política que puede desarrollar el Estado con respecto de la marihuana es la regulación de su cultivo, fabricación y uso enfocada en reducir el impacto comparativo de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico; proteger la salud pública; promover el desarrollo rural en zonas priorizadas; y promover medidas de reparación financiadas a través de los recursos de la regulación. Las drogas no son el demonio, pero tampoco son juego de niños. Una política de drogas que sea respetuosa de los derechos humanos y que salvaguarde la salud pública debe ubicarse en una posición intermedia entre la liberalización total y la prohibición actual. En este documento, a partir de un análisis comparado de la regulación emitida en Uruguay, Canadá y Estados Unidos y aplicando los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, argumentamos la importancia de un marco fiscal a partir del recaudo de los impuestos en el mercado del cannabis, enfocado en la movilización del máximo de recursos disponibles para financiar los objetivos de reducción del mercado ilegal, salud pública, y atención de las poblaciones afectadas por la política de drogas, planteados de la regulación del cannabis.
  • Formato
    Impreso
  • Estado
    Nuevo
  • Isbn
    978-628-7517-28-8
  • Peso
    0.17 kg.
  • Tamaño
    13 x 21 cm.
  • Número de páginas
    114
  • Año de edición
    2022
  • Edición
    1
  • Encuadernación
    Rústica
  • Referencia
    DJS10116
  • Colección
    DEJUSTICIA
  • Código de barras
    9786287517288

Isabel Pereira Arana

Autor

Es politóloga de la Universidad de los Andes de Colombia (2008), y Magister en Estudios de Desarrollo, con énfasis en conflicto y construcción de paz del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza – IHEID (2015). Su interés se centra en el impacto de las políticas de drogas en el desarrollo rural, la salud pública y los conflictos armados. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigaciones de la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con especial énfasis en acceso a medicamentos controlados para cuidados paliativos y drogodependencia, e implicaciones del proceso de paz en las políticas de drogas en Colombia. Adicionalmente, Isabel es miembro del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD).

Previamente, Isabel trabajó como profesional de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en zonas de conflicto en Colombia y como asesora para el Gobierno nacional en negociación multilateral.

Luis Felipe Cruz Olivera

Autor

Es abogado y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Su ámbito de investigación es la historia y el desarrollo del conflicto armado y su relación con el narcotráfico. Ha trabajado el vínculo entre garantía de derechos humanos, procedimiento penal y sistemas penitenciarios. También ha estudiado la calidad de vida en territorios donde se cultiva coca, y el impacto de las políticas de drogas en el acceso a derechos sociales en poblaciones cocaleras. En la actualidad, es investigador de la línea de Política de Drogas en Dejusticia, y hace parte del equipo que coordina el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho.

Alejandro Roríguez Llach

Autor