La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la jus­ticia ambiental stricto sensu.