La dimensión objetiva de los derechos sociales se configura como mandatos constitucionales articulados en obligaciones jurídicas objetivas, fundamentalmente para los poderes legislativos y ejecutivos, que permiten la deducción posterior de derechos subjetivos. Este aspecto subjetivo se puede caracterizar por un efecto reflejo que posibilita eventualmente fundamentar demandas de defensa por inactividad, negligencia o reversibilidad de medidas públicas que infrinjan el mandato constitucional.