Mientras al acceso básico al agua se le niegue la condición de derecho fundamental considerándolo una simple mercancía o una concesión discrecional de los poderes públicos, se condenará a millones de seres humanos a poner en riesgo su seguridad biológica, ambiental, económica y social. Resulta por ello imprescindible el reconocimiento universal del derecho humano al agua, como límite a los poderes privados y a los propios Estados que pretenden hacer un uso arbitrario del recurso.