Los delitos contra la Administración Pública tienen hoy un papel significativo y determinante en el prestigio o desprestigio de la administración de justicia. Una estable y eficiente Administración Pública, signada por los principios de un Estado social y democrático de Derecho, es el mejor instrumento para la configuración de una realidad social propicia para el libre desarrollo de la personalidad, aquel clima de oportunidades para que el ser humano libere sus potencialidades y descargue institucionalmente sus desesperanzas, preocupaciones y frustraciones, en un ámbito de canalización formal institucional.