El tema despierta intereses de distinta estirpe: económicos, manifestados en la búsqueda de un régimen aplicable a los contratos cuyo objeto se ve plasmado en la exploración y remoción de bienes sumergidos; los de la comunidad dirigidos a la adecuada y efectiva protección de estos bienes, cuyo valor cultural los enaltece con la calidad de Patrimonio de la Nación; los históricos por la riqueza narrativa de nuestro pasado que algunos bienes contienen; y por obvias razones los jurídicos, que se abren camino entre ordenamientos secuenciales y radicalmente divergentes para dar espacio a la difícl y disimil tarea del derecho: su interpretación.