El desarrollo del transporte aéreo siempre ha estado unido a la investigación profunda de los accidentes o incidentes aéreos. Esta investigación no siempre ha contemplado de manera eficaz su coordinación con la Administración de Justicia. En los últimos años se ha producido un incremento de la criminalización de estos sucesos, lo que ha dado lugar a una creciente discusión acerca de cómo deben ser las relaciones entre estos dos instrumentos de la sociedad. Dicha coordinación presenta retos para la seguridad aérea y para las actuaciones de los profesionales y empresas del sector. Este trabajo los afronta analizando la normativa y los protocolos de cooperación alcanzados en otros países.