El objetivo final de este trabajo es demostrar la necesidad y la legitimidad del Derecho penal económico dentro del Estado social y democrático de derecho, que caracteriza al moderno constitucionalismo europeo. Frente a aquellas posiciones que propugnan el desplazamiento al derecho administrativo de los delitos propios de la modernidad o la regresión a un derecho penal mínimo, un análisis detallado de nuestro ordenamiento jurídico nos lleva a conclusiones completamente opuestas. (Introducción)