En Colombia, los delitos y las penas frente a conductas relacionadas con la producción y distribución de drogas ilícitas han aumentado progresivamente en el último siglo, llegando a ser incluso más severas que las de otras conductas que merecen un mayor reproche social como el acceso carnal violento o la tortura. El recurso excesivo al derecho penal para castigar estos delitos transgrede la garantía de proporcionalidad que exige mantener un mínimo de coherencia razonable entre el daño ocasionado por la conducta y la pena impuesta por realizarla.