La delincuencia protagonizada por menores y jóvenes suscita, en atención a la edad y al grado de formación y madurez de aquéllos, una especial preocupación social e institucional. Las instituciones públicas competentes pretenden prevenir la delincuencia juvenil y sesgar -incipientes carreras delictivas- tratando de contribuir a que en el futuro descienda el número de adultos delincuentes mediante la aplicación de los recursos necesarios tendientes a lograr la (re)educación de menores y jóvenes. Hacia estos objetivos reeducativos se orienta la denominada -Justicia Penal Juvenil-, esto es, el Derecho penal de menores.