El autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia.