Estos programas fueron diseñados para atender a la infancia más vulnerable, ubicada en la franja de edades de los cero a los siete años y residentes en los sectores urbanos más pobres del país. El proceso de descentralización funcional que en el marco de las políticas neoliberales ha adelantado el Estado, en las dos últimas décadas, ha favorecido el crecimiento de estos programas sociales. Sin embargo, los escasos recursos que el Estado compromete para su desarrollo y el interés manifiesto de reducir el gasto social, han generado graves problemas.