La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida pública como en la privada. El Ordenamiento jurídico-administrativo no ha sido ajeno a este fenómeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administración, como en las reguladoras de la acción administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formación moral de los ciudadanos. Jesús González Pérez nos ofrece una sugestiva síntesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y límite de potestades administrativas; policía de la moralidad en aspectos como la publicidad, televisión y prostitución, en que la realidad está tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formación moral como finalidad de los servicios de educación, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polémico de la enseñanza de la religión.