La Constitución Española estableció las bases del Estado autonómico y en su articulado encontró respaldo la diversidad nacional y regional, caracterizada por la existencia de instituciones propias y por el autogobierno. Sin embargo, el proceso no está cerrado ya que existen sectores que reivindican el desarrollo del art. 2 de la CE y un modelo territorial de gobierno equiparable a las federaciones democráticas; que el Estado se organice territorialmente a partir de la distribución de las competencias de gobierno, garantizando la posibilidad de que los poderes públicos de las Comunidades Autónomas puedan decidir sus propias políticas.