La legislación, tanto europea como española, ha introducido múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminación afirmada por el actor.