En los últimos años se ha abierto la puerta con gran irresponsabilidad, mayor intensidad y extensión, a la delegación y/o contratación del uso legítimo de la fuerza a actores privados. Este dato no debería pasarse por alto. Las empresas militares y de seguridad privadas -constituyen un grave atentado a los fundamentos del Estado moderno y a los principios del Estado de Derecho? -Conllevan riesgos sobre la población civil, que es abandonada al arbitrio de usos de la fuerza privados, en situaciones convulsas como las que vemos estos días en el norte de África? Creemos que sí.