La denominada aplicación privada del Derecho de la competencia es desde hace algún tiempo objeto de preocupación de las autoridades comunitarias. Con el fin de alcanzar los objetivos propios de la política de la competencia y hacerla más eficaz se piensa que la participación activa de los agentes en la utilización de los instrumentos que ofrece el Derecho privado puede contribuir decisivamente a mejorar sus resultados.