El procedimiento sancionador tributario constituye una garantía para los administrados y se justifica en los amplios poderes de las Administraciones Públicas, los cuales deben ser limitados. No obstante, reforzar la posición del administrado incrementando sus garantías no debe conllevar el debilitamiento de la posición de la Administración, y es la búsqueda de ese equilibrio la que debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento del procedimiento. Esta obra hace un estudio de los aspectos más sustantivos del procedimiento, como la aplicación de mecanismos garantistas para el presunto infractor y la separación entre procedimientos de aplicación de los tributos y procedimiento sancionador.