El libre mercado y la libre competencia son libertades esenciales para el buen funcionamiento de la economía, no obstante su implementación y desarrollo eficiente dependen de la regulación e incluso intervención de los poderes públicos. En un mundo globalizado económicamente, la gobernanza económica se hace muy compleja, pero los abusos de poder que conducen a mayor pobreza, desigualdad y deterioro del medio ambiente deben restringirse drásticamente por los poderes públicos. Medios para realizarlo existen, tanto en la Constitución económica española como en la de los Tratados de la Unión. Otra cuestión es la voluntad política para su previsión efectiva.