La asociación del Estado de derecho y el Estado social debían permitir construir una “sociedad de semejantes” donde, a falta de una estricta igualdad, todos pudieran ser reconocidos como personas independientes y resguardadas contra los avatares de la existencia (desempleo, vejez, enfermedad, accidentes de trabajo, entre otras); “protegidos”, en una palabra. Este doble pacto –civil y social– hoy está amenazado. Por un lado, por una demanda de protección sin límites, de naturaleza tal que genera su propia frustración. Por el otro, por una serie de transformaciones que erosionan progresivamente los diques levantados por el Estado social.