La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de diversas regulaciones -estatales, autonómicas y locales- aplicables al ejercicio de las actividades económicas, junto con las normas procedentes del Derecho de la Unión Europea, tiene como resultado un mosaico jurídico cuya complejidad dificulta apreciar la existencia de un patrón común que los integre. Sin la debida perspectiva, es fácil que la aplicación de las normas genere una situación de competencia entre las instancias territoriales de poder, celosas de la salvaguarda de sus competencias. La jurisprudencia constitucional española ha participado en esta situación de conflictividad hasta fechas recientes. La confusión de términos relacionados -unidad económica, unidad de la política económica y unidad de mercado- terminó por conferir al legislador nacional una posición exclusiva como garante de la unidad. En esta estructura lógica, cualquier divergencia introducida por las autoridades autonómicas o locales puede resultar sospechosa de fragmentar el espacio económico nacional. Sin embargo, esta jurisprudencia contrasta la labor continuada del Tribunal de Justicia de la Unión. El mercado comunitario ve en la diversidad regulatoria un efecto positivo que invita a centrar el objeto del análisis en los efectos de la medida enjuiciada. Más que en la determinación del nivel territorial competente, el juez comunitario se centra en el estudio de los efectos prácticos de la medida, depurando cuantas coloquen efectivamente a unos operadores económicos en peor situación competitiva que sus rivales sin que medie una causa justificada. Esta monografía estudia críticamente los diferentes enfoques vigentes en los ordenamientos español y comunitario para el control de las medidas lesivas de la integridad del espacio económico. Reflexiona sobre la función de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, con especial atención a los aspectos de la misma que podrían reformarse. Ofrece, en último término,