La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial en la cual desarrolla el concepto de debilidad manifiesta por salud y la protección que los empleadores deben darles a los trabajadores que se encuentren en esta situación, en el sentido de garantizarles una estabilidad ocupacional reforzada. Sin embargo, a pesar de que se han establecido los requisitos para que opere dicha estabilidad, en la práctica judicial ocurre que algunas decisiones los pasan por alto y conceden el amparo a trabajadores cuya condición de salud no les impide o dificulta cumplir su trabajo, generando un uso desproporcionado de esta figura e incluso una posible responsabilidad del Estado por error judicial. De igual forma, estos excesos en las decisiones de los jueces causan inseguridad jurídica y afectan a quienes, pese a estar enfermos, pueden trabajar, pues algunos empleadores prefieren no contratarlos para evitar en el futuro tener que asumir dicha estabilidad. Por tal motivo se llevó a cabo esta investigación jurídica, en la que se plantean alternativas constitucionales equitativas para promover la unificación de los criterios de aplicación práctica de la estabilidad ocupacional reforzada, se establecen los casos en los que el Ministerio del Trabajo debe autorizar las terminaciones de contrato por razones objetivas, se evidencian las razones por las que hay responsabilidad del Estado por error judicial cuando se concede la estabilidad ocupacional reforzada sin que se cumplan los requisitos previstos en la jurisprudencia y, en consecuencia, hay un deber de reparación de perjuicios a su cargo y se propone un mecanismo que permita que este cumpla con su obligación constitucional de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y garantice con sus recursos la reinserción laboral de quienes padecen determinadas afecciones de salud.