El derecho internacional ha jugado un papel fundamental en la condena del expresidente Alberto Fujimori en Perú1. No solo porque se juzgaban violaciones de derechos humanos, sino también por la conciencia de que se trataba de un caso clave para evitar la impunidad repudiada tanto en los ordenamientos jurídicos estatales como en el internacional2. Este punto de partida marcó el desarrollo del proceso pero también los hechos posteriores al mismo, hechos que se siguen desarrollando hasta la actualidad. En este contexto debe resaltarse el recurso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte Interamericana", "la Corte" o "Corte idh"). En efecto, este tribunal ha definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos"3. A su turno, el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad la define como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas"5. Se puede decir que la impunidad ocurre frente a aquellas violaciones de derechos humanos donde se ha inobservado el deber estatal de prevención6 y, en consecuencia, la impunidad configura un hecho ilícito internacional que el Estado tiene "la obligación de combatir (…) por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares"7.