Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura constitucional de ambos conceptos que los asocie, ineludiblemente, con aspectos tan esenciales de nuestra convivencia como la ordenación territorial, el acceso y disfrute de la cultura, el orden socio económico o con algunos derechos fundamentales de los ciudadanos que se desprenden de su relación, individual o colectiva, con el entorno histórico en el que todos estamos inmersos. Se propone un análisis de la protección de los bienes arqueológicos y de sus yacimientos, que son centro de polémica.