La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 58 la garantía a la propiedad privada, y le endosa a esta una función social y al Estado el deber de propender por la protección y la promoción de posesiones de tierra bajo formas asociativas y solidarias. En este contexto constitucional y en el de la globalización de la economía y de las teorías del desarrollo, este trabajo se propone determinar si el Estado colombiano, mediante las normas actuales y las políticas públicas vigentes, puede garantizar la pequeña propiedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas.