Desde su surgimiento, en la década de los setenta, la justicia restaurativa se presenta como un conjunto de principios y prácticas, nacidos de la experiencia crítica respecto del impacto de la justicia penal actual sobre las personas afectadas por ella: víctimas, detenidos/investigados/ condenados, operadores jurídicos y sociedad en general. Diferentes organismos internacionales han ido construyendo un corpus normativo sobre su aplicación. En el caso español, por transposición de la normativa de la Unión Europea, la mención expresa, jurídicamente vinculante, se encuentra en el artículo 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.