La Constitución que rige en Colombia se promulgó hace tres lustros, en 1991. La nueva carta política amplió y precisó los derechos y libertades de los colombianos. Declaró laico al Estado. Delegó a los gobiernos territoriales, encabezados por funcionarios de elección popular directa, muchas funciones que antes correspondían a la burocracia de la Nación. Creó nuevas instancias autónomas de poder, entre las que se destacan la Junta Directiva del Banco de la República y la Corte Constitucional. Este tema actúa como eje central de este número 14 de la Revista Economía Institucional.