La Carta Iberoamericana de la Función Pública establece diferentes compromisos para los Estados suscriptores tendientes a generar instrumentos adecuados para la correcta gestión del talento humano. No se trata solo de establecer ventajas laborales o parámetros comunes para el ingreso, permanencia o retiro de los servidores del Estado, sino de reconocer la relación directa entre una función pública eficiente y un desarrollo óptimo de las competencias asignadas a las diferentes entidades y organismos del Estado.