Parece evidente que, en la actualidad, consumimos seguros, los consumimos en masa y, a menudo, los consumimos electrónicamente mediante canales digitales. Lo que ya no resulta tan claro es si los consumimos seguros, de ahí el juego de palabras con el que, a modo de pregunta, se titula el estudio que ahora se presenta: “El consumo de seguros. ¿Consumimos seguros?”. Con el citado rótulo no ponemos en duda que los productos aseguraticios son objeto de consumo y son consumidos como tales por los particulares con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Lo que cuestionamos es si dichos actos de consumo son lo suficientemente seguros para el consumidor desde la perspectiva jurídica, entendiendo “seguridad” como sinónimo de ausencia de riesgo evidente para la integridad de sus derechos y legítimos intereses, o si, por el contrario, urge incrementar o renovar los mecanismos legales que están disponibles en nuestro ordenamiento con esta finalidad protectora, ya sea con carácter sectorial o general. En efecto, la búsqueda de la respuesta a esta cuestión requiere un planteamiento que no se conforme con la mirada unívoca del régimen sectorial encerrado en la Ley de Contrato de Seguro, sino que vaya más allá de tales límites ubicándonos extramuros de esta regulación y adentrándonos en el marco del Derecho de consumo, invocando sus específicas reglas, pero también los principios generales que las inspiran y a la vez informan la totalidad del ordenamiento por mandato del art. 51 CE. El análisis que se procura realizar de los instrumentos normativos actualmente disponibles para proteger al cliente en general y al consumidor de seguros en particular, no empece a que también sea oportuno ofrecer una perspectiva de futuro, dedicando cierta atención a las propuestas «de lege ferenda» en la materia, algunas de las cuales ya se han lanzado, aunque todavía no hayan encontrado materialización efectiva en normas concretas.