En el transcurso de los últimos años se ha venido hablando con progresiva insistencia del principio de protección de la confianza legítima, cuyo sentido, alcances y proyecciones, además de curiosidad, interés y expectación, despiertan sentimientos encontrados de adhesión y de rechazo en algunos sectores de la crítica. Esta investigación pretende mostrar de qué manera la defraudación de la confianza legítima puede llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. El tema es particularmente controversial y se presta para grandes discusiones.