La autonomía reconocida por la Constitución de 1991 a los entes territoriales no sólo comprende la posibilidad de gestionar sus intereses y administrar sus asuntos, también incluye la capacidad de utilizar las herramientas que les permita proveerse de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Dentro de estas, la herramienta más importante son los tributos, lo que supone el reconocimiento de un poder tributario en cabeza de las entidades territoriales, el cual ha suscitado muchas discusiones debido a su escaso desarrollo legal y poco análisis doctrinal, y, en contraste, un abundante trabajo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional.