La Administración pública de nuestro tiempo está llamada con mucha frecuencia a adjudicar derechos limitados en número. Esos derechos o recursos escasos pueden ser de lo más variado (títulos habilitantes, prestaciones públicas, subvenciones, contratos, plazas de empleados públicos, etc.) y, por tanto, su asignación está sometida a reglas muy diversas. Sin embargo, al mismo tiempo resulta visible que en todos estos ámbitos la actividad administrativa de adjudicación de recursos escasos plantea ciertos problemas característicos, así como que las soluciones y tratamientos que proporciona la regulación sectorial tienden muy a menudo a converger, al menos en cierta medida.