En la actualidad, el derecho minero en Colombia presenta una serie de desafíos debido principalmente a cuatro razones: en primer lugar, al crecimiento exponencial de solicitudes y de concesiones mineras en los últimos años que han desbordado la capacidad de las instituciones públicas, en segundo lugar, a la derogatoria y suspensión de normas que han generado inseguridad jurídica y desconfianza en los inversionistas extranjeros; en tercer lugar a la alta tasa de ilegalidad que sitúa al país entre los primeros con mayor número de minas en operación sin el correspondiente título minero y finalmente, en cuarto lugar, a los impactos sociales y ambientales que puede causar la actividad.