La crisis argentina de 2001 afectó la credibilidad del sistema político y golpeó también, duramente, la legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial. El proceso de renovación que se inició entonces implicó cambios en el elenco de jueces de la Corte Suprema así como una serie de reformas destinadas a reforzar el vínculo de la justicia con la ciudadanía y a difundir una nueva imagen de ese tribunal. Entre esas reformas, la práctica de las audiencias públicas fue el eslabón clave, porque prometía dar voz y visibilidad a los principales afectados por ciertas causas y abrir el camino para una transformación institucional más amplia.