Este trabajo intenta responder a los tres grandes déficits de nuestro sistema penal: la crisis de la prisión con la correlativa crisis del pensamiento resocializador de la pena privativa de libertad; el crónico colapso de nuestra Administración de Justicia y, finalmente, el tradicional olvido de la víctima del delito. Tales problemas exigen la búsqueda de nuevas soluciones que pueden provenir de la mano de la reparación del perjuicio por parte del responsable penal en cuanto instrumento de política criminal.