El control institucional a las fuentes generadoras de ruido no ha sido, en la mayoría de los casos, efectiva en disuadir comportamientos contrarios a la convivencia, ya sea por la dispersión normativa que conlleva a una distribución confusa de competencias entre distintos órganos públicos, o por la poca importancia que para las autoridades ambientales o las entidades territoriales representa el control del ruido. Este libro busca contribuir desde el derecho a responder algunas preguntas que recurrentemente aquejan a las autoridades competentes.