El progresivo e imparable éxito alcanzado en los últimos años por el alojamiento de corta estancia en viviendas particulares destinadas a un uso turístico ha provocado un importante impacto social y económico que afecta directamente a los derechos e intereses de terceros ajenos a la relación contractual, y suscita graves enfrentamientos y litigios entre los profesionales del sector de alojamiento turístico, los propietarios de las viviendas cedidas en alquiler y las empresas que actúan como soporte de las plataformas de alojamiento colaborativo.