La creciente pretensión de los poderes públicos de convertir a los ciudadanos en informantes (whistleblowers) del Estado incentivando que denuncien aquellos delitos de los que puedan tener conocimiento es un rasgo característico de la política criminal contemporánea. La presente obra se aproxima a dicho fenómeno desde diversas perspectivas, todas ellas relacionadas con el Derecho penal: en primer lugar, y de manera general, analizando las dudas de legitimidad que plantean unas políticas públicas que estimulan por medios diversos (imposición de deberes, recompensas económicas, ofrecimiento de protección jurídica, etc.) las denuncias entre conciudadanos.