En mayo de 2012, como tanta otra gente, un grupo de personas se preguntó por qué se habían usado más de 23.000 millones de euros de dinero público para rescatar un banco, y sobre todo, por qué no se obligaba a los responsables del desastre a rendir cuentas, en lugar de premiarlos con variables, dividendos y jubilaciones de oro. El asunto pintaba mal. Todo parecía indicar que nadie exigiría ninguna explicación a estos cargos políticos influyentes. ¿Qué se podía hacer? Organizarse e investigar.