La lucha contra la violencia de género debe tener como objetivo prioritario propiciar la eliminación del modelo de pensamiento que defiende la supremacía, posesión y dominación del hombre sobre la mujer. Solo mediante medidas educativas que conduzcan a la supresión de tales patrones de comportamiento se puede erradicar esta grave lacra social que arroja la cifra de más de 1.000 mujeres fallecidas desde que comenzaron los registros en 2003. Entre tanto, el ordenamiento no puede quedar impasible ante este dramático fenómeno y ha de hacerle frente desde un enfoque multidisciplinar. Desde esta perspectiva, el derecho de la responsabilidad civil debe garantizar el abono de una indemnización vertebrada, integral, suficiente y proporcionada a las víctimas de violencia de género. Las sentencias que enjuician los delitos de violencia de género no están concediendo indemnizaciones adecuadas al daño moral de las víctimas, ni están valorando de forma específica el ataque a la integridad moral que la violencia de género supone, ni el sufrimiento padecido durante los años de maltrato. Ello comporta una nueva victimización de las mujeres objeto de malos tratos, pues, de algún modo, la escasa valoración de la dignidad de la mujer, puesta de manifiesto por parte de la Administración de Justicia al conceder una indemnización, en ocasiones ínfima, no hace sino reafirmar al maltratador en su modelo de pensamiento.