¿Qué sucede cuando circunstancias excepcionales dificultan los trámites regularmente previstos para la correcta sanción y/o aplicación de las leyes? La mayoría de los países de Iberoamérica consagran en sus textos constitucionales una serie de facultades para que los órganos políticos intervengan oportunamente en esos momentos, apartándose de la legislación hasta entonces vigente. Sin embargo, como lo ilustran numerosos ejemplos, la realidad es que muchas de estas facultades han tendido a ejercerse con una gran discrecionalidad. ¿Qué puede hacerse, pues, a fin de evitar que la excepción se transforme en regla? Entre los mecanismos institucionales disponibles para ello, el control judicial ocupa un lugar prominente. Una vez más, en Iberoamérica, no son pocos los países en donde se ha desarrollado una jurisprudencia dispuesta a validar las medidas excepcionales dictadas por los gobiernos de turno si y sólo si ellas descansan en presupuestos fácticos objetivos. Ahora bien, ¿cómo ha de entenderse dicha objetividad? ¿Acaso se trata de una propiedad sólo atribuible a ciertos hechos, como a algunos desastres naturales? ¿O, en su lugar, se trataría más bien de un criterio evaluativo meramente opinable? En los tiempos que corren, atravesados por la pandemia del COVID-19 y una crisis mundial sin precedentes, estos interrogantes cobran una relevancia normativa especial. En el presente libro, su autor analiza el instituto jurídico de la emergencia con el propósito de desentrañar en qué medida la objetividad ofrecería la vía más idónea para contener la arbitrariedad política sin incurrir en un inmovilismo prácticamente inconducente.