La principal aportación de Jacson Zilio sobre la legítima defensa es referir estas restricciones ético-sociales a los fines preventivos y garantísticos, que son los rasgos más relevantes del derecho penal de un Estado social y democrático de derecho. Zilio no cuestiona en estos casos la necesidad de la defensa, sino simplemente procura destacar que la defensa en estos casos debe ser permitida cuando esta se corresponde con los fines preventivos y al principio de intervención mínima del derecho penal, es decir, cuando sea una forma adecuada para prevenir el ataque con el menor daño posible para el agresor.